El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue detenido este jueves en un operativo policial que forma parte de una investigación sobre una presunta red de corrupción vinculada al uso irregular de recursos de la institución.
La detención se produjo en su vivienda en San Borja, Lima, y se enmarca en un escándalo que podría tener repercusiones significativas para el fútbol peruano y su dirigencia.
La intervención, que comenzó a las 2:00 a.m., involucró a aproximadamente 300 efectivos de la Policía Nacional y 25 fiscales especializados en criminalidad organizada. Durante el operativo, no solo fue arrestado Lozano, sino también otros siete individuos, incluidos directivos de clubes nacionales como Joel Raffo, presidente del Sporting Cristal, y Gisella Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao.
Además, se realizaron allanamientos en un total de doce inmuebles ubicados en varias ciudades del país, incluyendo Tumbes, Piura y Chiclayo.
Al salir de su hogar esposado y rodeado por periodistas, Lozano expresó su deseo de que se haga justicia y pidió tranquilidad para su familia. “Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad. Espero que se haga justicia, que todo se aclare”, declaró mientras era conducido a la oficina de Medicina Legal antes de ser llevado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dinincri).
La Fiscalía ha indicado que Lozano está siendo investigado por varios delitos graves, entre ellos fraude en la administración, corrupción y lavado de activos. Se le acusa de haber distribuido indebidamente alrededor de 8.3 millones de soles a clubes como Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein, lo cual habría estado vinculado a un esquema para asegurar su permanencia al frente de la FPF.
Asimismo, se le señala por omitir sanciones a ciertos clubes en un aparente intento de favorecerlos a cambio de beneficios económicos.
El fiscal Jorge Chávez Cotrina explicó que las detenciones se llevaron a cabo ante el riesgo de fuga o posible obstrucción a la justicia. De ser hallado culpable, Lozano podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión. Este caso ha generado una gran expectación no solo por las implicaciones legales para Lozano y los otros detenidos, sino también por el impacto que tendrá en la imagen del fútbol peruano.
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La situación es particularmente delicada dado el contexto actual del deporte en Perú. La FPF ha enfrentado críticas por su gestión y falta de transparencia en los últimos años. La detención de Lozano puede ser vista como un punto crítico que podría llevar a una reestructuración profunda dentro del organismo rector del fútbol nacional.
Con el escándalo aún desarrollándose y más detalles por salir a la luz durante el periodo de detención preliminar de 15 días, los aficionados al fútbol y los ciudadanos peruanos observan con atención cómo se desenvuelve esta situación.
La posibilidad de que otros funcionarios sean implicados añade una capa adicional de incertidumbre sobre el futuro del fútbol en Perú y la confianza pública en sus instituciones deportivas.
