Omar González, jefe del Comando con Venezuela en Anzoátegui y actualmente refugiado en la Embajada Argentina en Caracas, ha denunciado un recrudecimiento del asedio a la sede diplomática, que se ha intensificado en las últimas dos semanas. Esta situación ha llevado a una serie de restricciones y dificultades para los asilados, quienes se enfrentan a un entorno cada vez más hostil por parte de las autoridades venezolanas.
Desde la llegada de funcionarios de cuerpos de seguridad a las adyacencias de la embajada, González ha informado sobre el cierre de accesos y la detención de repartidores de alimentos y medicinas. “Los repartidores son acusados de ser sospechosos de terrorismo y se les advierte que no deben seguir colaborando con quienes estamos asilados aquí”, alertó el dirigente opositor.
Esta situación ha dejado a los refugiados aislados, sin acceso a suministros básicos y con severas limitaciones en su movilidad.González también destacó que ni siquiera los familiares de los asilados han podido ingresar al recinto diplomático. “Ni siquiera a diplomáticos de Argentina se les permite el acceso”, afirmó, lo que subraya la gravedad del asedio.
La falta de acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable ha agravado aún más la situación, ya que los asilados han estado lidiando con cortes prolongados en estos servicios.
El ambiente de asedio se ha visto acompañado por una intensa vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. González reportó que han sido ubicados fotógrafos y camarógrafos en edificios cercanos, así como vuelos de drones que realizan vigilancia permanente sobre la sede diplomática. “Nos han ubicado fotógrafos, camarógrafos en edificaciones adyacentes, así como vuelos de drones para vigilancia permanente”, agregó.
En este contexto, González hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe en defensa de los derechos humanos de los perseguidos políticos en Venezuela. “Pedimos respaldo internacional que pueda mediar por nuestros salvoconductos para abandonar el país”, manifestó, subrayando la necesidad de intervención externa ante la violación sistemática de derechos humanos.
El gobierno venezolano ha desestimado las denuncias realizadas por González y otros opositores refugiados. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó las acusaciones como una “farsa” y argumentó que cualquier interrupción en los servicios se debe a la falta de pago por parte de la embajada. Esta respuesta refleja la postura oficial del régimen, que niega cualquier tipo de asedio o violación a la inviolabilidad diplomática.
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Mientras tanto, el embajador argentino ante los organismos internacionales ha llevado el caso ante la Corte Penal Internacional, denunciando el asedio como un acto violatorio del derecho internacional.
Mario Oyarzábal enfatizó que es imperativo que Venezuela respete la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y otorgue los salvoconductos necesarios para que los asilados puedan salir del país.
