Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos bloqueó este viernes los esfuerzos del Gobierno del expresidente Donald Trump por poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600,000 venezolanos.
El fallo confirma una decisión previa que mantiene las protecciones migratorias mientras el caso continúa en instancias judiciales. La medida afecta directamente a miles de personas que enfrentaban la expiración de sus permisos de residencia y trabajo.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios oficiales tras el dictamen.
Fallo judicial mantiene vigencia del TPS
El panel de tres jueces del Noveno Circuito ratificó la decisión de una corte inferior que congelaba la terminación del TPS para ciudadanos venezolanos. Según el dictamen, los demandantes probablemente tienen razón al afirmar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene autoridad legal para revertir una extensión previamente otorgada bajo el marco legislativo vigente.
La corte argumentó que el Congreso diseñó el TPS como un sistema predecible y aislado de decisiones políticas coyunturales. En marzo, el juez federal Edward Chen había determinado que el intento de cancelación excedía las facultades del Ejecutivo, pero su fallo fue revocado por la Corte Suprema en una apelación de emergencia. El nuevo dictamen reactiva la protección temporal mientras se resuelve el litigio.
Impacto sobre la población venezolana
Actualmente, se estima que 350,000 venezolanos perdieron sus protecciones en abril, mientras que otros 250,000 enfrentan la expiración de su TPS el 10 de septiembre. El programa, creado por el Congreso en 1990, permite otorgar estatus migratorio legal a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, había argumentado que las condiciones en Venezuela habían mejorado, justificando el fin del programa. Sin embargo, millones de venezolanos continúan enfrentando dificultades económicas, inestabilidad política y falta de garantías para un retorno seguro.
El fallo judicial representa un obstáculo para los intentos de cancelar el TPS y mantiene vigente la protección para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos. El caso seguirá su curso en tribunales, mientras organizaciones migratorias y legisladores monitorean su evolución.
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