La corrupción transnacional atribuida al chavismo ya tiene un mapa entregado.
La corrupción transnacional atribuida al chavismo ya tiene un mapa entregado en mano a la justicia de Estados Unidos: Transparencia Venezuela presentó este jueves 19 de noviembre ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York un informe que coloca a Nicolás Maduro como el principal actor de intermediación de una estructura que, según la organización, comprometió más de 36.115 millones de dólares de las arcas públicas venezolanas.
La documentación fue entregada por la directora ejecutiva de la ONG, Mercedes De Freitas, al salir de la sede fiscal que lleva el caso contra Maduro y Cilia Flores. De Freitas explicó que el documento recoge «el rol de Nicolás Maduro tanto en la red de gran corrupción transnacional como su relación con las economías ilícitas», y precisó que el estudio sistematiza información de fuentes abiertas, expedientes judiciales y gacetas oficiales, además de un análisis de redes y relaciones entre actores. La organización aclaró que el informe busca ser útil para el proceso de investigación y que no supone por sí mismo evidencias determinantes para calificar un delito, una valoración que corresponde a la justicia.
Una «súper red» de corrupción transnacional con 13.521 actores
El estudio reconstruye una red integrada por 13.521 actores, 30.467 relaciones y 865 empresas, construida con diez años de registros. En ese entramado, Maduro ocupa el primer lugar en intermediación estructural, el indicador que mide qué actor aparece con más frecuencia en los caminos que conectan a otros dos actores de la red, mientras que Cilia Flores ocupa la novena posición. La red de primer grado de Maduro reúne 497 actores y, de sus 1.297 relaciones directas, 845 —el 65,15 %— corresponden a personas designadas en cargos.
Lejos de describir hechos aislados, el informe define la dinámica como una «captura del Estado»: un proceso mediante el cual las instituciones, las leyes y los recursos públicos habrían sido alterados estructuralmente para facilitar actividades ilícitas, garantizar la impunidad y generar recursos para el grupo en el poder. Dentro de esa arquitectura, la red de Flores presenta una composición distinta, como puente entre el poder político y el sector privado: el 35,80 % de sus interacciones son de tipo socio-vinculado, con intermediarios familiares y de confianza conectándola con estructuras corporativas.
154 casos entre 2013 y 2025 y 36.115 millones comprometidos
Entre 2013 y 2025, la ONG documentó 154 casos de corrupción, de los cuales 110 llegaron a tribunales de 26 países. En los 96 expedientes que cuentan con datos financieros verificados o estimaciones judiciales, el monto comprometido supera los 36.115 millones de dólares. Los expedientes señalan a 651 personas: 413 banqueros, empresarios e intermediarios, y 238 funcionarios de instituciones públicas y del sistema de justicia.
El informe también desciende a casos concretos. Como prueba tangible de cómo opera la red cita el caso «Money Flight», bajo investigación en Florida: entre 2014 y 2015, Pdvsa realizó pagos irregulares por 1.200 millones de dólares a empresarios a una tasa preferencial, cuando la deuda real era de apenas 57 millones. Durante esas operaciones, según el estudio, Maduro designó a su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de Cilia Flores— en cargos financieros clave de la petrolera, tras haber acumulado el control de la Tesorería de la Nación, la Vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa y el Fondo Simón Bolívar. De los 29 familiares registrados en la base de datos de Transparencia Venezuela, al menos 17 han ocupado altos cargos públicos, un patrón que la ONG presenta como nepotismo convertido en columna vertebral del sistema. La magnitud de los recursos públicos en juego es la misma que alimenta debates internos como el de los ingresos petroleros de Venezuela y dónde están los reales.
Una red que, según el informe, no se desarma retirando a una sola persona
Una de las conclusiones más incómodas del estudio es su resiliencia: Transparencia Venezuela concluyó que la estructura «no se desintegra» y que investigar a una sola persona no la desarma. El análisis estima que la red conservaría el 77,71 % de su conectividad incluso si Maduro fuera retirado de ella, porque las miles de conexiones internas entre los actores de su entorno inmediato —militares, gerentes de Pdvsa y familiares— permiten que el entramado siga operativo. El documento distingue tres dimensiones de responsabilidad: los actores directos, las transformaciones institucionales y las convergencias entre el Estado, los negocios y las economías ilícitas.
El informe documenta además el uso de la maquinaria pública con fines partidistas: 152 irregularidades durante la campaña presidencial de 2024, incluido el uso de recursos de la Guardia Nacional Bolivariana y la coerción a funcionarios para promover la candidatura de Maduro. Y recoge, con datos de la ONG Espacio Público, 311 violaciones a la libertad de expresión en 2024, con al menos 23 medios cerrados —principalmente radios en Zulia y Bolívar— y 32 sitios web bloqueados.
La entrega en Nueva York se produce mientras en Caracas avanza otra vía política: el diálogo en Venezuela, cuya cuarta ronda cierra este viernes con las leyes políticas en el centro. «Esperamos que este informe sea útil en el proceso de investigación», dijo De Freitas, en una entrega que la organización presenta como un paso estratégico para internacionalizar la rendición de cuentas y ofrecer a los fiscales un mapa detallado para rastrear activos, congelar bienes y perseguir a los beneficiarios de la red.