Un grupo bipartidista de congresistas de Florida presentó este jueves en la Cámara de Representantes el “Venezuela TPS Act of 2025”, un proyecto de ley que busca conceder Estatus de Protección Temporal (TPS) de manera automática a unos 600.000 venezolanos actualmente residenciados en Estados Unidos. La iniciativa, impulsada por los representantes demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz junto a la republicana María Elvira Salazar, pretende proteger a esta comunidad de la deportación y otorgarles permisos de trabajo legales, en respuesta a la persistente crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela.
El proyecto de ley, presentado formalmente este jueves, propone que todos los venezolanos presentes físicamente en Estados Unidos al momento de la promulgación reciban automáticamente TPS por 18 meses, con opción de renovación. La medida permitiría a los beneficiarios trabajar legalmente, obtener autorización especial para viajes de emergencia y, sobre todo, evitar la deportación a un país sumido en el colapso institucional y la represión política bajo el régimen de Nicolás Maduro.
El condado de Miami-Dade y la ciudad de Orlando, en Florida, concentran una de las mayores comunidades venezolanas fuera de su país natal. Muchos de ellos dependen actualmente de permisos temporales como el TPS o el “parole” humanitario para permanecer en territorio estadounidense, mientras enfrentan la incertidumbre causada por posibles cambios en la política migratoria federal.
La propuesta fue presentada como una respuesta directa a la amenaza de eliminación de protecciones migratorias por parte de la Administración Trump. “Es inaceptable que la Administración Trump intente eliminar protecciones como el TPS y el ‘parole’ humanitario a estas personas que han huido de un régimen opresivo”, declaró el congresista Darren Soto. “Darles la espalda ahora sería un insulto a su lucha”.
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Debbie Wasserman Schultz, también promotora del proyecto, enfatizó que los actuales beneficiarios del TPS son inmigrantes que cumplen con la ley y no representan un riesgo para la sociedad estadounidense. “No son criminales. Ninguna persona con antecedentes penales puede optar a estas protecciones. Estas familias están atrapadas en un limbo legal y necesitan certezas”, subrayó la legisladora.
Por su parte, la representante republicana María Elvira Salazar destacó la gravedad de la situación en Venezuela y la necesidad de una respuesta humanitaria. “El régimen de Maduro y el colapso del socialismo del siglo XXI han generado una amenaza constante de persecución política. Esta ley brindaría a los venezolanos un alivio humanitario merecido”, afirmó.
El proyecto de ley establece que solo podrán beneficiarse quienes no tengan antecedentes penales y se registren adecuadamente ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, contempla la posibilidad de autorización especial para viajes por motivos de emergencia, lo que representa un alivio adicional para familias que enfrentan situaciones críticas.
