Siete integrantes del último mando de las FARC, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño, fueron condenados este martes por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a penas alternativas de ocho años de «restricción efectiva de sus derechos» como «máximos responsables de la política criminal de secuestro» de esa guerrilla durante el conflicto armado colombiano.
«Esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las FARC… sean declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas», señaló la sentencia leída por el magistrado Camilo Suárez.
Además de Londoño, conocido con el alias de Timochenko, los sancionados son Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (alias el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez).
Las sanciones impuestas, que son las primeras dictadas por la JEP y las máximas previstas por la justicia restaurativa para quienes reconozcan su responsabilidad en los hechos investigados y aporten a la verdad, no conllevan penas de cárcel.
«Los máximos responsables, hoy condenados, se sometieron a esta Jurisdicción y han cumplido las condiciones necesarias para acceder al tratamiento especial, como lo es la sanción propia, incluso desarrollando trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador de forma anticipada», agregó Suárez.
Esos trabajos incluyen la búsqueda de personas desaparecidas, una acción integral contra minas, la recuperación del medio ambiente y la reparación simbólica a las víctimas, precisó la JEP.
Tres patrones de secuestro
Para sancionar a los últimos jefes de las FARC, la JEP documentó «tres patrones principales», el primero de los cuales fue «privar de la libertad a civiles para obtener recursos económicos mediante el pago de rescates».
- Los otros dos fueron «retener a miembros de la fuerza pública y a líderes políticos con el propósito de forzar canjes de prisioneros y buscar un reconocimiento político», y «utilizar el secuestro como instrumento de control social y territorial en diferentes regiones del país».
«Estos patrones fueron ejecutados bajo la dirección del secretariado (mando) de las FARC con amplia autonomía, con mandos regionales, lo que generó un impacto masivo y prolongado en la población civil, es decir, un fenómeno de macrovictimización», agregó el magistrado.
Para la JEP, durante las investigaciones se acreditó además «que las personas cautivas fueron sometidas a tratos crueles, degradantes, inhumanos, tales como encadenamientos permanentes, marchas forzadas, agresiones físicas, psicológicas, privaciones de salud, alimentación y condiciones indignas, así como casos de violencia sexual«.
«Respetadas víctimas, esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso ni recuperar el tiempo perdido ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo. Pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias», manifestó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
Estas primeras sentencias hacen parte del macrocaso 001, con el que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016, un trabajo en el que ha registrado una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.
«Lo que hoy vivimos no es un dolor solitario, son miles de dolores. Historias que desgarran y que aparecen en cada rincón de Colombia. Donde sea que uno mire hay una vida marcada por el conflicto», dijo Ramelli, quien añadió que Colombia es «un país que eligió tratar sus heridas con la verdad y con promesas vitalicias de restauración».
