La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó este miércoles, 13 de noviembre de 2024, la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa conocida como «Vialidad».
Esta decisión judicial se produce tras la condena del Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, donde se la halló culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en relación a irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas del empresario Lázaro Báez durante su mandato.
El fallo del tribunal de alzada, integrado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, consideró que Fernández es penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La causa «Vialidad» investiga la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz, un bastión político del kirchnerismo, donde se alega que hubo un desvío de fondos destinados a proyectos de infraestructura.
La confirmación de la condena no solo implica una severa sanción penal para la exmandataria, sino que también plantea serias dudas sobre su futuro político.
Con las elecciones legislativas programadas para el próximo año, esta decisión judicial podría dificultar su posibilidad de postularse nuevamente a un cargo público.
No obstante, se espera que Fernández recurra a la Corte Suprema, lo que podría prolongar el proceso judicial por varios meses o incluso años.
En respuesta al fallo, Cristina Fernández no estuvo presente en los tribunales, pero emitió un comunicado en el que anticipó un resultado adverso y denunció lo que considera un intento de «proscripción» en su contra.
A lo largo de su carrera política, ha sostenido que es víctima de una campaña de lawfare, una estrategia que, según ella, busca deslegitimar su figura y su legado político.
Fernández calificó la causa «Vialidad» como un «show» orquestado con el fin de inhabilitarla permanentemente para ocupar cargos públicos.
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En su comunicado, afirmó: “Lo que está en juego no son solo mis derechos, sino los derechos de millones de argentinos que creen en la democracia y en la justicia”. Estas declaraciones reflejan su intención de posicionarse como una víctima del sistema judicial y fortalecer su base de apoyo entre sus seguidores.
El caso ha generado un intenso debate en la sociedad argentina, polarizando opiniones entre quienes consideran que se trata de una persecución política y aquellos que ven la condena como un paso necesario para combatir la corrupción en el país.
La figura de Cristina Fernández sigue siendo un tema candente en el ámbito político argentino, y su futuro inmediato dependerá en gran medida del desenlace de los procedimientos judiciales que aún están por venir.
