La Ley contra el Odio debe ser derogada por completo, no reformada.
La Ley contra el Odio debe ser derogada por completo, no reformada. Esa fue la posición que fijó este viernes 13 de noviembre el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en una rueda de prensa en Caracas, en la que exigió la derogación total de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017, y rechazó el proyecto de reforma parcial que se encuentra en consulta pública en la Asamblea Nacional.
El presidente del gremio, Tinedo Guía, sostuvo que la normativa no admite modificaciones ni puntos intermedios, porque su propia existencia vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en particular las libertades de expresión, de opinión y de información. A su juicio, la ley nació con un origen ilegítimo y ha servido de base para el hostigamiento y la persecución del ejercicio periodístico en Venezuela durante años.
Ley contra el Odio: una «mutación del castigo», dice el CNP
Guía advirtió que la propuesta de reforma representa una «mutación del castigo». Aunque el proyecto contempla eliminar las penas privativas de libertad, mantiene mecanismos que, según el CNP, permiten criminalizar el trabajo de los periodistas y la crítica ciudadana: las penas de prisión serían sustituidas por multas desproporcionadas, bloqueos de portales digitales, retiro inmediato de contenidos y cierres o revocatorias de concesiones a medios de comunicación.
En su análisis, el colegio identificó cinco puntos vulnerables en la reforma parcial. Entre ellos señaló que las multas elevadas pueden generar asfixia financiera y autocensura; que persisten definiciones ambiguas que permiten interpretaciones arbitrarias; y que se concentran facultades sancionadoras en el Ejecutivo, al que la norma dejaría la potestad de definir qué es odio y qué no lo es, además de decidir las multas o el trabajo comunitario que sustituya a la cárcel.
«Si el periodista no actúa con total libertad, no tenemos democracia», afirmó Guía, quien insistió en que cambiar la cárcel por sanciones económicas desproporcionadas no convierte a la reforma en un avance para las libertades democráticas, sino en otra forma de castigo contra la prensa y contra la sociedad que se informa.
El pedido a la Asamblea Nacional y al TSJ
La secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, reiteró el pliego de exigencias del gremio: pedir a la Asamblea Nacional la derogación completa de la legislación y solicitar al Tribunal Supremo de Justicia que declare su nulidad, por considerarla contraria a los derechos humanos y a los estándares internacionales que Venezuela ha suscrito. Canelón precisó que el colegio actúa en conjunto con las organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión y que asistió el pasado miércoles a la consulta pública convocada por la fracción Libertad del Parlamento.
«Seguimos manteniendo, no solamente el CNP, todas las organizaciones que integran la Alianza, que debe ser una derogación, porque es una ley altamente restrictiva, altamente punitiva, que busca silenciar las voces disidentes en Venezuela», puntualizó Canelón. No se trata, añadió, de un problema solo de medios y periodistas: la norma alcanza a la sociedad entera, porque cualquier ciudadano que opine puede quedar expuesto a una interpretación discrecional de lo que la autoridad considere odio.
Un debate que cruza el diálogo político
La posición del CNP se conoce el mismo día en que el diálogo político en Venezuela se reanuda sin María Corina Machado en la mesa, un proceso en el que la revisión de leyes utilizadas contra la disidencia forma parte de la agenda pública. La reforma de esta norma ya había avanzado de forma preliminar en la Asamblea, con la promesa de sustituir las penas de prisión por multas y trabajo comunitario, pero gremios y organizaciones de derechos humanos sostienen que ese cambio no repara el daño acumulado en casi una década de aplicación.
El gremio recordó además que más de 20 periodistas han sido sancionados con esta ley, una cifra que sus voceros han denunciado en las últimas semanas al cuestionar su aplicación contra comunicadores. En un país donde dirigentes como Henrique Capriles describen al Gobierno como una «caja muy oscura» por la falta de transparencia, el CNP plantea que la libertad de expresión es la piedra angular de cualquier democracia que se pretenda recuperar: sin prensa libre, concluye su pronunciamiento, no hay control ciudadano posible sobre el poder.
