El caso Paramacay llegó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El caso Paramacay llegó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): la organización no gubernamental Foro Penal interpuso un recurso de avocamiento ante la Sala Constitucional del máximo tribunal por la causa en la que 23 personas fueron condenadas a 30 años de prisión, en busca de que la instancia superior conozca directamente el proceso ante las presuntas vulneraciones de derechos y garantías constitucionales denunciadas durante el juicio.
El abogado Luis Armando Betancourt, coordinador de Foro Penal en Carabobo y director adjunto de la organización, informó sobre la acción judicial y sostuvo que lo que buscan es que se haga justicia. Betancourt expresó su expectativa de que la Sala Constitucional se pronuncie en los próximos días sobre el recurso presentado.
Caso Paramacay: la apelación sigue sin decisión
La solicitud ante el TSJ se produce mientras el proceso de apelación del caso Paramacay continúa sin una decisión, según los antecedentes expuestos por la defensa. El pasado 26 de agosto se celebró una audiencia ante la Sala 1 de Apelaciones del Palacio de Justicia de Valencia, en la que el tribunal anunció un plazo de diez días de despacho para decidir.
Ese plazo nunca se cumplió: de acuerdo con Betancourt, la solicitud de reposo médico de una de las juezas dejó a la sala sin quórum. El abogado sostuvo que correspondía designar un juez suplente, pero denunció que el presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo, Carlos Alberto Bonilla, se negó a juramentarlo.
Posteriormente, según la denuncia, el expediente fue retirado y el recurso de nulidad reasignado a la Sala 2 de Apelaciones, a cargo del propio Bonilla. Betancourt cuestionó esa reasignación, la calificó de inconstitucional e ilegal y advirtió que el cambio de sala ha prolongado el proceso y obliga a los implicados a esperar una nueva audiencia de apelaciones, salvo que el TSJ intervenga.
«Hay personas detenidas ilegítimamente», dice Foro Penal
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, explicó que es necesario restablecer el debido proceso en este caso y señaló que todavía hay personas privadas de libertad que, a juicio de la organización, permanecen detenidas ilegítimamente.
El caso involucra a 23 personas, entre ellas el capitán Juan Carlos Caguaripano, condenadas a 30 años de prisión. Foro Penal sostiene que persisten irregularidades que afectan el debido proceso y la situación de los privados de libertad, por lo que decidió llevar la causa ante la máxima instancia judicial del país.
La defensa también presentó reclamos ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Inspectoría General de Tribunales, sin obtener respuesta a sus denuncias, según indicó Betancourt.
Qué busca el recurso de avocamiento
El recurso de avocamiento solicita que un tribunal de mayor jerarquía asuma el conocimiento de una causa en los supuestos previstos por el ordenamiento jurídico. En este caso, la organización busca que la Sala Constitucional intervenga directamente en el proceso, ante el estancamiento de la apelación en los tribunales de Carabobo.
«Lo que buscamos es que se haga justicia», afirmó Betancourt al anunciar la acción. La organización espera que la Sala Constitucional se pronuncie en los próximos días, una decisión que definirá si el máximo tribunal asume la causa o si el proceso regresa a la vía de apelaciones que la defensa considera bloqueada.
El caso Paramacay se suma así a las causas por las que organizaciones de derechos humanos mantienen reclamos activos ante las instancias judiciales venezolanas, en medio de denuncias reiteradas sobre retrasos procesales y falta de respuesta de los organismos a los que la defensa acudió antes de llegar al TSJ.
Para los familiares de los 23 condenados, la movida ante la Sala Constitucional representa la última vía interna disponible después de meses de espera: mientras no haya pronunciamiento, las condenas de 30 años seguirán firmes y los señalados permanecerán privados de libertad a la espera de una revisión que la defensa considera urgente.
Con información de El Nacional. Lea también: Foro Penal contabiliza 322 presos políticos en Venezuela al 5 de octubre.
