El presidente Joe Biden revela planes para aprobar importantes restricciones a los migrantes que buscan asilo en la frontera sur, en un intento por neutralizar la inmigración como tema de controversia política de cara a las elecciones de noviembre.
El presidente Joe Biden ha anunciado la aprobación inmediata de importantes restricciones a los migrantes que buscan asilo en la frontera con México, en un esfuerzo por abordar el tema migratorio y neutralizar su politización de cara a las elecciones de noviembre. En un intento por eludir la obstrucción republicana, Biden ha firmado una proclamación presidencial que impedirá otorgar asilo a migrantes cuando funcionarios estadounidenses determinen que la frontera sur está siendo abrumada. «La frontera no es un tema que deba ser politizado», expresó Biden, añadiendo que hubiera preferido una acción más duradera mediante una legislación, pero que «los republicanos no me dejaron otra opción».
La medida contempla que la orden entrará en vigor cuando la cantidad de encuentros en la frontera entre los puertos de entrada alcance los 2.500 al día, lo que significa que la orden de Biden debería entrar en vigor de inmediato, debido a que esa cifra es más alta que los promedios diarios actuales. Las restricciones seguirían vigentes hasta dos semanas después de que el número diario de encuentros sea igual o menor que 1.500 al día entre puertos de entrada, en un promedio de siete días.
Una vez que la orden entre en vigor, los migrantes que lleguen a la frontera pero que no expresen temor de regresar a sus países de origen estarán sujetos a ser expulsados de inmediato de Estados Unidos en cuestión de días e incluso de horas. Esos migrantes enfrentarían penas que podrían incluir una prohibición de cinco años de volver a entrar a Estados Unidos, así como la posible presentación de cargos penales.
Los funcionarios de alto nivel reconocen que el objetivo del gobierno de deportar rápidamente a los migrantes se complica debido a la financiación insuficiente por parte del Congreso. Además, el gobierno enfrenta ciertas limitaciones legales en lo relacionado con la detención de las familias migrantes, aunque afirma que seguirá cumpliendo esas obligaciones.
La autoridad legal invocada por Biden se produce de conformidad con la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si ésta se considera “perjudicial” para los intereses nacionales. A pesar de las amenazas de prominentes grupos legales de demandar al gobierno debido a la directriz, los funcionarios mencionados expresaron su confianza en que podrán poner en práctica la orden de Biden.
