La Fiscalía de Guatemala atribuyó este viernes 20 de noviembre a la pandilla Barrio 18 la autoría material del asesinato de Solórzano Foppa, el abogado y exfiscal anticorrupción de 43 años muerto a tiros el pasado 17 de octubre en un parque deportivo del este de la capital guatemalteca, en un crimen que conmocionó al país y que también le costó la vida a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
El anuncio lo hizo el fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, durante una conferencia de prensa en la que levantó parcialmente la reserva judicial del expediente para divulgar los avances de la investigación. «Efectivamente fue el grupo terrorista denominado Barrio 18 el actor material del asesinato. Es lo que podemos indicar hasta ahora por la reserva judicial, para no dañar la investigación y poder capturar al resto de personas involucradas», afirmó García Luna.
Asesinato de Solórzano Foppa: dos sicarios procesados y 70 allanamientos
Según la Fiscalía, los dos supuestos sicarios del Barrio 18 implicados en el ataque fueron aprehendidos el 29 de octubre, doce días después del crimen, y ya quedaron ligados a proceso penal por el delito de asesinato en agravio de las dos víctimas. El secretario general del Ministerio Público, Edwin Santiago Chavajay, detalló que las autoridades ejecutaron en total 70 allanamientos, principalmente en la capital, además de análisis balísticos y requisas en las cárceles Renovación 1 y Canadá, en el departamento de Escuintla, donde permanecen recluidos líderes de la pandilla.
La investigación destapó además un frente paralelo: diez personas enfrentan cargos por presuntas irregularidades, entre ellas siete policías, vinculadas con la detención inicial de los hermanos Choc Toz tras el ataque, quienes resultaron sin vínculo aparente con el crimen. El caso se sigue, en paralelo, en medio de otros golpes contra el crimen organizado en el país, como la captura de alias «El Gordo» en Guatemala, cuya extradición reclama Texas por narcotráfico, y el caso de fentanilo en Guatemala con dos capturados que EE. UU. quiere extraditar.
El asesinato de Solórzano Foppa y su legado contra la corrupción
Solórzano Foppa dirigió la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público y colaboró con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la investigación del caso «La Línea», la red de defraudación aduanera que en 2015 forzó la dimisión del entonces presidente Otto Pérez Molina. Después encabezó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entre 2016 y 2018 y enfrentó procesos judiciales que organizaciones de derechos humanos calificaron de «criminalización» durante la gestión de la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta.
El caso del asesinato de Solórzano Foppa se convirtió en una prueba para el Ministerio Público guatemalteco, cuestionado durante años por la impunidad en los crímenes contra operadores de justicia. La atribución al Barrio 18 llega poco más de un mes después del ataque y tras una investigación que combinó análisis balísticos, seguimiento de vehículos y requisas carcelarias, según el detalle oficial ofrecido este viernes.
La conferencia de este viernes fue el primer pronunciamiento público de fondo del Ministerio Público sobre el caso desde el crimen del 17 de octubre. García Luna sostuvo que la reserva judicial se mantendrá sobre el resto del expediente y que su levantamiento parcial busca únicamente informar los avances sin alertar a los demás implicados que aún no han sido capturados. Chavajay añadió que el equipo fiscal no participó en la exposición de resultados como medida de seguridad para los investigadores, tras un ataque reciente contra una fiscal, y que las diligencias continuarán en las próximas semanas con operativos ya programados en la capital y en los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos los líderes de la estructura.
El Barrio 18 está designado en Guatemala como grupo criminal organizado transnacional y terrorista, una calificación que también adoptó recientemente Estados Unidos, en un contexto en el que Washington presiona por mayor cooperación regional, como quedó en evidencia cuando Arévalo cerró la puerta a las tropas de Estados Unidos en Guatemala contra el narcotráfico. La Fiscalía mantiene abiertas varias hipótesis sobre los autores intelectuales y los posibles móviles políticos del crimen, reiteró que las pesquisas continúan y anticipó nuevas capturas.